La atención sanitaria de un millón de funcionarios lleva dos meses en el limbo. Profesores, policías, carteros o diplomáticos reciben desde hace 50 años cuidados médicos a través de Muface, una mutualidad administrativa dependiente del Ministerio de Función Pública que les permite escoger si quieren sanidad pública o privada. Ahora no saben qué va a ocurrir. El modelo saltó por los aires el 5 de noviembre. Ese día, las aseguradoras presentes en el último concierto con Muface —Adeslas, Asisa y DKV— dijeron basta, negándose a participar en un sistema que les genera pérdidas crónicas. El Gobierno ha tratado de maniobrar poniendo sobre la mesa 1.000 millones de euros adicionales. Ni por esas. Muface se ha convertido en un intrincado rompecabezas que opera en varios planos (empresarial, ideológico, político, sindical…), y en el que influye desde la guerra de Ucrania hasta las futuras elecciones a la Comunidad de Madrid. Sus piezas cada día están más desgastadas e hinchadas y encajarlas se ha convertido en una misión endiablada.
