El juez que investiga los contratos de emergencia sanitaria de la Junta andaluza, Javier Santamaría, ha rechazado ampliar sus pesquisas para englobar las contrataciones que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) realizó en las ocho provincias de la región. El magistrado considera que no existe conexión entre los dos expedientes millonarios de los servicios centrales que investiga ahora y los contratos que la Junta cerró desde las plataformas logísticas sanitarias provinciales, y por tanto deben ser otros juzgados en dichas provincias los que en todo caso asumen sus posibles delitos. En paralelo, el juez ha rechazado archivar la causa, tal y como pidieron los tres directores gerentes del SAS investigados, así como elevar a 15.000 euros la fianza planteada para cada uno de los 30 diputados del PSOE que firmaron la querella, que habían abonado 5.000 euros.
