El Consejo de Ministros rechazará el martes el requerimiento de incompetencia planteado por la Comunidad de Madrid contra la declaración de la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso (PP), como lugar de memoria democrática, según ha podido saber EL PAÍS. Este edificio, en la madrileña Puerta del Sol, fue escenario de torturas, encarcelamientos y persecuciones de carácter político entre 1939 y 1979, cuando lo ocupaba la Dirección General de Seguridad (DGS) de la dictadura franquista. Sin embargo, el Ejecutivo regional viene defendiendo desde octubre, cuando se iniciaron los trámites para la declaración, que esa etapa solo representa un 15% de la historia de la Real Casa de Correos y que la colocación de la placa afectaría a su uso administrativo e invadiría las competencias autonómicas. Esos argumentos, que son los que rechazará el martes el Consejo de Ministros, serían la base de un posible recurso de Madrid ante el Tribunal Constitucional, al que Ayuso ya se abrió en diciembre, lo que prolongaría el choque entre ambas administraciones por los actos de celebración del 50º aniversario de la muerte de Franco.
